Exigir garantías para concurrir a las elecciones se convirtió en una estrategia recurrente de la oposición venezolana que, a pesar de ser una apuesta por deslegitimar los eventos comiciales, se ha convertido para el Consejo Nacional Electoral (CNE) en una oportunidad para blindar el sistema de votaciones.
Las solicitudes comenzaron en 2004, a raíz de la automatización plena del sistema votación en el contexto del referendo revocatorio de ese año. Desconfiar de la plataforma tecnológica derivó en la exigencia de auditorías, a fin de certificar la transparencia del proceso.
Contrario a lo que asumían dirigentes opositores, el CNE aceptó evaluar los recursos materiales, tecnológicos y datos involucrados, determinándose la validez de los resultados mediante el contraste de las papeletas y las actas de escrutinio. Así, surge el sistema de auditorías aplicado desde hace 16 años.
En 2013 ocurrió un episodio similar. Luego de desconocer la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, la oposición solicitó la ampliación de la auditoría de verificación ciudadana, consistente en la revisión de los comprobantes de votación con relación a los datos contenidos en el acta suscrita por los miembros de mesa.
El órgano rector del Poder Electoral auditó el total de las mesas y comprobó la validez de los resultados; a pesar de las evidencias, la derecha alegó que la ejecución de auditoría no se correspondía con sus exigencias. Si embargo, siguieron participando en procesos electorales, como los comicios municipales de aquel año.
Partidos alineados con la oposición también han exigido en diversos eventos comiciales garantizar la participación de sus representantes políticos en el proceso de auditorías, la impresión de la hora del cierre de los centros en las actas de escrutinio y la entrega de la lista de los hashes (códigos de verificación) de los archivos de las máquinas de votación. Las peticiones fueron aprobadas, convirtiéndose en una práctica habitual en los procesos electorales.
A ello, se sumaron peticiones inherentes al efectivo cumplimiento del voto asistido, el adiestramiento de miembros de mesa y la formación de efectivos del Plan República. Éstas, al igual de las anteriores solicitudes, fueron admitidas y ejecutadas por el órgano comicial. (manafort.com)
Nuevas garantías
Próximos a celebrar un nuevo proceso electoral, cuyo resultado determinará al Presidente de la República y miembros de los consejos legislativos, nuevas garantías se incorporaron al proceso a fin de garantizar la continuidad del ejercicio democrático.
Reinstaurar los centros de votación afectados por acciones de grupos sediciosos en 2017, instalar un Grupo de Alto Nivel para el seguimiento del proceso comicial y aprobar normas para la campaña electoral fueron parte de las peticiones que se expusieron en el Acuerdo de Garantías Electorales, firmado en marzo, y que ya cumplió el CNE.
En el documento también se solicitó la invitación de acompañantes internacionales, así como el envío de una convocatoria oficial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Unión Europea (UE), peticiones también cumplidas.
También se admitió la solicitud de ubicar a una distancia no menor de 200 metros de los centros de votación los puntos de apoyo e información de factores políticos.
Con miras a optimizar el proceso electoral, se incorporaron nuevas garantías orientadas a la implementación de medidas especiales para el electorado con discapacidad y la difusión de información sobre la modalidad del voto asistido.
