La Corte Suprema de Brasil le dio este miércoles un plazo de 30 días al Gobierno brasileño para que se pronuncie sobre la petición en la que el estado de Roraima solicita el cierre de la frontera con Venezuela ante la imposibilidad de atender a todos los inmigrantes que han ingresado a ese país.
El plazo fue establecido por la magistrada Rosa Weber, que será la instructora en el Supremo Tribunal Federal (STF) de la demanda presentada por la gobernadora de Roraima, Suely Campos, reseñó Efe.
Hasta ahora tanto el presidente brasileño, Michel Temer, como su ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, han dicho que no ven motivos para cerrar la frontera con Venezuela a pesar de la llegada masiva en los últimos meses de inmigrantes provenientes de Venezuela.
Weber, sin embargo, instó al Gobierno a que defienda sus argumentos en la respuesta que tiene que presentar ante la Corte Suprema a la exigencia del Gobierno regional de Roraima.
La magistrada también determinó que en ese mismo plazo de 30 días ambas partes se pronuncien sobre una posible conciliación amigable para superar el asunto.
La gobernadora de Roraima, alega que esa administración no puede soportar el alto costo social y económico causado por el éxodo de venezolanos.
Igualmente argumenta que, sin ayuda financiera y ante el aumento descontrolado del flujo migratorio, el estado más pobre de Brasil no tiene condiciones de ofrecerle a todos los inmigrantes venezolanos los servicios obligatorios como salud y educación.
Las autoridades brasileñas calculan que cerca de 50 mil venezolanos se han establecido en los últimos meses en Boa Vista, capital de Roraima, lo que supone más del 10% de la población total de esa ciudad, estimada en unos 320 mil habitantes.
Ante este panorama, Temer reconoció el pasado 15 de febrero en un decreto la “situación de vulnerabilidad” en Roraima e impulsó, con carácter de urgencia, una serie de medidas de asistencia humanitaria para los inmigrantes. El Gobierno de Roraima alega que esta ayuda es insuficiente y que no llegó a tiempo.
