Alrededor de 20% de las 2.600 industrias privadas del estado Carabobo, “observa con dificultad mantenerse operativa en 2018, debido a las condiciones adversas de las políticas públicas”, señala Carlos Luis González, presidente de Fedecámaras en esa entidad.
En Aragua y Carabobo se entrelaza el más nutrido tejido industrial del país, generador de empleo y del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero nacional. Allí conviven los más importantes centros de producción de alimentos, laboratorios de medicinas, textiles, plantas galvanizadoras, productos químicos y petroquímicos, metalmecánica, automotor, combustible, refinación del petróleo, asfalto, gas licuado, cerámicas, construcción, papel, bebidas alcohólicas y gaseosas, entre otras.
Esa región central exhibe hoy 3.200 centros de producción de los 8.000 que nutrían las estadísticas a finales de los años noventa; de ese total, dice, 2.600 son privados y 600 han sido expropiados.
González refiere que de acuerdo al más reciente sondeo sectorial, cerca de 20% de estas factorías, unas 520, “no quiere seguir trabajando a pérdida como ha ocurrido durante varios años atrás”, pues resulta contrario poner a salvo la cadena productiva a las decisiones del gobierno.
Asegura el vocero que “si en la estructura de costos, hay productos susceptibles a estar dentro de los llamados precios acordados, que nunca fueron conversados sino impuestos, que es distinto” se adiciona un obstáculo, tomando en cuenta los niveles de hiperinflación que, “en lo que va de año supera 500% y el interanual de marzo 2017 a marzo 2018 es de 8000%. Si la cadena productiva tiene en su estructura bienes y servicios con regulaciones, ¿cómo producir?”.
Carrera de obstáculos
González resalta que si una empresa quiere seguir apostando por Venezuela y requiere insumos importados para producir, “volvemos a la estructura de costos y en este caso, el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario (Dicom) no ha solucionado las necesidades del sector”.
Cuenta que en la última subasta se autorizaron 400.000 dólares y a la industria solo le asignaron 40.000 dólares. “Estos 40.000 dólares debe ser lo que se lleva algún ejecutivo en su cartera cuando va de viaje. Esa no es una cifra para mantener una industria; seguramente el industrial va a tener que acudir al mercado paralelo de divisas para mantener su cadena productiva”.
Pero el valor de esos dólares, añade, “no se puede reflejar en los precios finales porque están sujetos a la inspección de un precio acordado. La diferencia es abismal entre paralelo y Dicom, por tanto, hay pérdidas gigantescas”.
“Aquellos que quieran importar y se sometan a la Ley de Precios Justos, se tropiezan con otro obstáculo. Por ejemplo, un producto que cuesta 10 dólares en el exterior, se le puede adicionar un 30% por trámites de nacionalización, entonces ya el producto va por 13 dólares; después se le agrega 12% por el manejo interno y gastos operacionales y el precio se eleva a unos 14 dólares y finalmente se le suma 30% de utilidad, de acuerdo a esa Ley, tenemos 18 o 19 dólares que cuesta el producto para comercializar. Pero luego viene el Gobierno y pide un descuento del 50% y te queda en 9 dólares, es decir por debajo del precio del costo afuera. Más pérdidas”.
Las empresas argumentan que de mantenerse estas condiciones, como parte de un modelo económico, no pueden mantenerse operativas, apunta. A esta situación se incorporan tres problemas particulares de la región: electricida, agua y transporte público.
En su momento, recuerda, se promovió el uso de plantas autogeneradoras a gas, por su costo y por ser más amigable con el ambiente; pero no hay gas. La crisis de agua en el Estado es la más severa de su historia y el ausentismo laboral es alto porque no hay transporte público, si lo hay es muy costoso o, se movilizan en “bus camiones” que es inhumano.
