La diputada Larissa González (Unidad-Delta Amacuro), miembro de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos de nuestros pueblos originarios por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo al informe presentado por González los indígenas que habitan en distintas regiones del país sufren graves problemas que les impiden vivir y desarrollarse de forma digna en su habitad, lo cual materializa las violaciones denunciadas.
González explicó ante esta instancia internacional que muchas de las comunidades indígenas carecen de acueducto, plantas de tratamiento de aguas negras, luz eléctrica, escuelas que funcionen, atención en salud, a la par que no existen fuentes de trabajos estables y de calidad. Agregó que los problemas que se derivan de la implementación del Arco Minero y la problemática de la demarcación de las tierras tradicionalmente ocupadas por indígenas se agrava de manera progresiva.
Así mismo la diputada Larissa González demandó ayuda urgente por el abrupto incremento de la mortalidad y morbilidad entre la población nativa, destacando que los índices de afectados por SIDA, malaria, difteria y tuberculosis son de los más altos del mundo, sin que las autoridades sanitarias tomen debida atención de la magnitud de la crisis, por el contrario ocultan de forma deliberada esta terrible realidad.
No obstante los relatores de la CIDH explicaron que Venezuela es uno de los pocos países del continente que no han podido visitar oficialmente para constatar la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas dado que el Ejecutivo Nacional se ha negado a otorgar el permiso.
“Queremos ir a Venezuela pero el Gobierno nos niega el placet por lo que dependemos de los reportes como este que nos presentan los diputados y los defensores de los derechos humanos”, precisó un vocero del organismo luego de indicar que sesiones de trabajo como estas son propicias para elaborar los informes temáticos que permiten a la Comisión tomar decisiones que pueden incluir acciones cautelares ante violaciones probadas de derechos humanos.
