El Gobierno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela exhortó este viernes al Ministerio Público (MP) a solicitar la captura internacional de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, prófuga de la justicia venezolana, por su vinculación directa con la escalada de violencia ocurrida en nuestro país entre el 6 de abril y el 30 de julio de 2017, cuando grupos violentos -dirigidos por partidos políticos de ultraderecha- dejaron un saldo de 140 personas muertas y miles de heridos, así como su relación con diversas mafias.
Así lo anunció el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, durante la presentación de la Memoria y Cuenta del Ejecutivo Nacional, en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas.
“La inacción deliberada de quien ocupaba el cargo de fiscal General de la República: Luisa Ortega Díaz, que con su infame conducta, debe responder muchas de estas interrogantes. Así que desde esta tribuna, ante este soberano Poder Originario, exhortamos el Poder Judicial y al valiente fiscal Tareck William Saab a solicitar la captura internacional de esta prófuga de la justicia”, ratificó.
El Aissami señaló que Ortega Díaz era cómplice de la derecha nacional cuando estos grupos violentos pretendía perpetrar un golpe de Estado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros entre abril y julio de 2017.
CONTEXTO
Luisa Ortega Díaz fue acusada de mantener una postura “política” ante los hechos violentos ocurridos entre el 6 de abril y el 30 de julio de 2017. En ese contexto, las declaraciones de la entonces fiscal de la República omitía las muertes o asesinatos vinculados a personas afectas al Gobierno venezolano, al igual que la presencia de menores de edad durante las manifestaciones y los daños a las entidades públicas y privadas que realizaban los grupos terroristas impulsados por la derecha.
Las actitudes calificadas como “desleales” contra las instituciones y las omisiones de la exfiscal sobre sus funciones hicieron que el TSJ realizara una audiencia para antejuicio, a la cual no asistió.
El TSJ detalló que Ortega Díaz tiene prohibido salir del país, así como enajenar y gravar de todos sus bienes y congelar sus cuentas bancarias. Esto en “aras de garantizar el cause procesal respectivo”.
La decisión del TSJ para inhabilitar a Ortega Díaz de su labor en cualquier función pública están establecidas en el artículo 380 del Código Procesal Penal.
La Asamblea Nacional Constituyente fue elegida por el pueblo venezolano para otorgarle el poder de mejorar y profundizar la Constitución venezolana para poder dar cumplimiento a la justicia y erradicar la desestabilización que vive el país producto de los hechos violentos que se habían registrado en los últimos meses de 2017
