El pasado sábado 3 de marzo, fiscales de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), recorrieron las instalaciones de la empresa Indulac, ubicada en El Vigía, estado Mérida, donde constataron diversas irregularidades y delitos contemplados en la Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario (LSINAIA) y la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (LOSSA).
En el lugar se halló un compendio de documentos del año 2017 y 2018, salvoconductos de carácter falso donde presuntamente el ciudadano Homar Farahón Vieira Rodríguez, quien fuera Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria hasta el año 2015, permitía la movilización de leche cruda sin Guía Única de Movilización, Seguimiento y Control emitida por la Sunagro.
Luego de verificar y constatar la falsificación y usurpación de identidad y de la documentación, se procesaron las sanciones como ilícito grave según el artículo 114 de la LOSSA, al no acatar las órdenes del órgano o ente competente, dictadas en uso de sus facultades legales, y como infracciones graves al movilizar productos agroalimentarios sin haber obtenido la Guía Única de Movilización, Seguimiento y Control, recibir, almacenar, despachar y transportar bienes o productos agroalimentarios en incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos por la Sunagro y acaparar, ocultar o desviar productos agroalimentarios, contemplados en el artículo 79 de la LSINAIA.
Asimismo, se puso el caso a la orden de la Fiscalía 6ta en materia de delitos económicos en la ciudad de El Vigía, y se realizó la retención de 180,775 TM de leche en polvo completa de uso industrial; 53,314 TM de leche en polvo descremada de uso industrial; 14,964 TM de leche en polvo semidescremada de uso doméstico; 7,158 TM de leche en polvo completa de uso doméstico; 145,030 TM de leche cruda de bovina o bufalina y 13,566 TM de azúcar industrial.
A través de sus actuaciones fiscales, la Sunagro mantiene la incansable batalla para ordenar, regular y proteger el Sistema Agroalimentario Nacional y sancionar las desviaciones que atentan contra la justa distribución de los rubros agroalimentarios en el país.
