El gobierno y la asamblea nacional constituyente con sus normativas no solo cercan el sector privado, también buscan consolidar el sistema económico comunal que se ha estado desarrollando desde hace 11 años.
El fallecido presidente Hugo Chávez pensó en una reforma de la Constitución en 2007 para incluir empresas socialistas y, aunque los cambios fueron rechazados en un referéndum, igual avanzó en su modelo mediante leyes habilitantes y normas aprobadas por la Asamblea Nacional.
El Parlamento en 2010 elaboró los instrumentos que crean el Estado comunal y las empresas comunales. El modelo se incluyó en el primer plan socialista y se amplió en el plan de la patria y, en momentos en que la crisis se profundiza, el presidente Nicolás Maduro insiste en acelerar ese régimen. Así ha instado a adelantar más estructuras del sistema socialista para el plan de la patria II, entregado el pasado 27 de febrero al Consejo Nacional Electoral.
El abogado José Ignacio Hernández explica: “El gobierno busca afianzar la planificación centralizada. Aunque hay instituciones de economía centralizada, una parte de la actividad económica aún opera como economía de mercado y ahora el Ejecutivo quiere acabar con eso”. Agrega que la vía utilizada para radicalizar es la ANC.
La cuestionada ANC ejecuta parte de las peticiones de Maduro cuando en los textos incluye el apoyo a las empresas comunales, la centralización de las compras y los cambios en los patrones de consumo.
El instrumento contra la guerra económica –que en realidad ajusta el esquema de contrataciones del sector público– tiene la instrucción de favorecer a las organizaciones del sistema comunal, por ejemplo.
Los constituyentes adicionalmente le imponen condiciones a las empresas foráneas en la norma para la promoción de inversión extranjera, con el fin de que ayuden al sistema comunal.
Según el texto las empresas extranjeras tienen que adquirir insumos de las empresas comunales y añade: “La conducta socialmente responsable de las empresas extranjeras será tenida en consideración a la hora de diseñar las reglamentaciones que condicionen los estímulos otorgados a las empresas extranjeras”.
Asimismo, las autoridades han manifestados en diversas oportunidades la necesidad de revisar los patrones de consumo y en los textos de la ANC está esa línea.
“Los CLAP tienen que promover una nueva cultura alimentaria y patrones de consumo familiar que se ajusten a las realidades nacionales, regionales, locales y comunales”, dice el instrumento que los regula.
