En 59 meses de mandato al presidente Nicolás Maduro no le han sido suficientes dos habilitantes y los decretos de emergencia económica para cercar la actividad privada y ahora utiliza la asamblea nacional constituyente para imponer más barreras a un sector que está golpeado por las regulaciones que se imponen desde hace 15 años.
“He traído (…) un conjunto de propuestas y ocho leyes vitales para afrontar y resolver el alza de los precios, la inflación inducida, para enfrentar la guerra económica y para castigar a los bachaqueros”, dijo Maduro el 8 de septiembre de 2017 cuando entregó un grupo de instrumentos a la ANC.
Esta instancia, que cumple siete meses de instalada y cuya elección no cumplió con los aspectos establecidos en la Constitución, tiene como misión reformar la carta magna, pero sus atribuciones se han ampliado y ahora redacta normas que para el abogado José Ignacio Hernández no tienen “relevancia jurídica, pero sí política. Son textos con los cuales se amenaza al sector privado. La ANC es una herramienta política para presionar”.
Para atender las peticiones del gobierno, la ANC ha aprobado normas que van desde la definición de las estructuras de costos hasta la fiscalización de la producción y la comercialización de los artículos y, según la economista Anabella Abadi, “buscan perfeccionar y reforzar los controles”.
Estrategia de vieja data
Para consolidar el control de cambio y el control de precios, la llamada revolución del siglo XXI ha creado leyes que han afectado la actividad productiva, ha impuesto topes de producción, elevadas sanciones y ha expropiado.
En 2004, durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, se autorizó la Ley de protección al consumidor con la que afianzó el piso del control de precios; tres años después se aprobó un decreto contra el acaparamiento, especulación y boicot, que permitió declarar de utilidad pública los bienes y servicios.
A esas normativas se sumó la Ley de soberanía alimentaria que regula la cadena de producción de los alimentos controlados y se impusieron las guías de movilización.
Posteriormente se aprobó la Ley del Indepabis que impuso mayores sanciones por acaparamiento, boicot y especulación, norma que fue sustituida en 2011 con la Ley de costos y precios, con ocasión de una congelación de precios de los productos de higiene y algunos alimentos.
Apenas Maduro asumió la Presidencia, el asedio a los privados continuó y se autorizó la Ley de precios justos, y se impuso una ganancia máxima de 30%.
En 2016, por medio del decreto de emergencia económica, el jefe del Estado impuso otras regulaciones que obligaron a las empresas de alimentos y rubros de higiene personal a dar más de 50% de su producción a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Ampliación del cerco
A los textos mencionados ahora se suma el entramado legal de la objetada ANC, que busca reforzar los controles en un contexto en el que las empresas operan a 34% de su capacidad, según la última encuesta coyuntura de Conindustria.
José Ignacio Hernández apunta: “El gobierno aprovecha la circunstancia para hacerse con las instituciones y poner un cerco a los privados”.
La profundización de los controles por parte de la ANC arranca con el texto sobre los precios acordados que permite al gobierno, a través de la Vicepresidencia Ejecutiva, tener mayor injerencia en la determinación de las estructuras de costos de los bienes, cuya definición –dice la norma– también sería evaluada con el sector privado, el sector público, el sector comunal y los trabajadores.
El tope de márgenes de ganancia de 30% –establecido en la Ley de Precios Justos– quedó eliminado y esta surgirá de un estudio sectorial que efectuará el Ejecutivo.
Aunque el texto todavía no se ha ejecutado totalmente, hace dos meses el vicepresidente Tarek el Aissami amenazó con el uso de la norma cuando le indicó a los industriales en una reunión: “Empresa que no respete [los precios acordados] le caerá todo el peso de la ley”. La advertencia fue luego de que se ordenó a supermercados y fábricas bajar los precios de los productos al valor que tenían en diciembre de 2017, medida que acentuó la escasez.
La disminución de los inventarios entre diciembre y mediados de enero fue de 50%, calculan en el sector privado.
A las industrias se les forzará a definir las estructuras de costos por medio del texto de precios acordados y los importes finales –lo que pagarán los consumidores– serán regulados con el nuevo decreto de Acceso a los Bienes. Este instrumento otorga más poder a la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos para fiscalizar y definir criterios de regulación y hasta le conferirán la potestad de declarar de interés social todos los bienes para producción, lo que dará pie a expropiaciones.
En el proceso de “perfeccionamiento” del control, las fiscalizaciones aumentan. Los CLAP tendrán fiscales populares que serán las primeras instancias ante las cuales los ciudadanos podrán denunciar la “especulación” con los precios.
Mientras los CLAP, junto con la Sundde, supervisarán los precios finales en supermercados, farmacias y comercios, y los Consejos Productivos de Trabajadores fiscalizarán la producción de las industrias.
Privados contra la pared
Para los empresarios este entramado generará más obstáculos a la actividad productiva. El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, asegura que si no hay confianza la economía no funciona.
“Para que la economía funcione los activos deben estar resguardados; tiene que haber confianza en que puedes transar libremente y esas leyes de la ANC van en contra de esas iniciativas. El gobierno las aplica a la fuerza lo que restringe la inversión, restringe la recuperación económica y empeora la situación de los ciudadanos”, explica Larrázabal.
Las fiscalizaciones y las acciones establecidas en las normativas afectarán, en gran medida, al sector alimentos cuya producción ya en enero se desplomó en 21,5%, revelan las cifras de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos.
De acuerdo con los empresarios, entre las nuevas regulaciones y las restricciones en las entregas de dólares para importar –en un mes las empresas de esa área han recibido apenas 800.000 dólares del Dicom–, los venezolanos seguirán enfrentando dificultades para conseguir los rubros básicos.
El abogado Hernández añade que si bien la aplicación de las normas no ha sido rápida, “el cheque de la victoria de la ANC se cobrará con un control más agresivo sobre la economía”.
