El ministro para el Proceso Social del Trabajo, Nestor Ovalles, destacó que el nuevo aumento de salario mínimo aprobado a partir del 1º de marzo por el presidente Nicolás Maduro es una obligación constitucional del Estado y un compromiso social del Gobierno para solventar la coyuntura económica.
“Hemos demostrado que el aumento del salario mínimo, que es una obligación constitucional y legal, no necesariamente incide en el tema inflacionario o en el tema de los precios”, recalcó.
Sostuvo además que “estos esfuerzos económicos tienen que ver con el acompañamiento de ruta del pueblo hacia su emancipación y detrás de cada política social está generándose el pueblo organizado que debe estar al frente de las grandes demandas y retos, entre ellos de los que derivan de la guerra económica”.
En entrevista a Venezolana de Televisión, ratificó el compromiso del Ministerio en optimizar los mecanismos de protección a los derechos de los trabajadores con la modernización de las inspectorías del país y un talento humano bien formado.
Con el nuevo aumento, anunciado por el Jefe de Estado este jueves, el salario mínimo integral para los trabajadores de la administración pública se ubica en 1 millón 307.646 bolívares, luego del incremento del ticket de alimentación socialista a915.000 bolívares y el aumento del salario mínimo a 392.646 bolívares, con un ajuste del 58%.
Ovalles precisó que el incremento se suma a los salarios que se logran vía contratación colectiva, “en la administración pública, 2 millones y medio de empleados y obreros están por encima del salario mínimo establecido, más el cestaticket”, acotó.
Consideró que el control de precios debe partir con el acompañamiento del pueblo organizado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), así como brigadas de Consejos Productivos de los Trabajadores.