El aumento salarial anunciado el domingo por el presidente Nicolás Maduro implica que la gran mayoría de los venezolanos pasó a ganar salario mínimo. “Esta situación es dramática, pues 90% de los trabajadores del sector formal de la economía devenga ahora un sueldo mínimo”, advirtió Froilán Barrios, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.
El representante de Fadess explicó que 7,6 millones de los 8,5 millones de trabajadores formales, repartidos en 3 millones en el sector público y 5,5 millones en el privado, devengan desde el 1° de mayo un salario mínimo. “Con esta política de ajustar solo el mínimo las escalas salariales se solapan, en lo que de nada vale la profesionalización ni la antigüedad”, dijo.
Marcela Máspero, directiva de la Unión Nacional de Trabajadores, Unete, rechazó que Maduro defina como salario integral un ingreso constituido por un salario mínimo más el ticket alimentación.
“Se trata de engañar nuevamente a los trabajadores con un show de un aumento de salarios cuando lo que se aplica es la bonificación del salario, prohibida por la Organización Internacional del Trabajo, OIT”, destacó.
Servando Carbone, dirigente de la Unete y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, alertó que el ingreso decretado por el gobierno está conformado por 68% en bono y 32% salario, lo cual golpea severamente las prestaciones sociales, una de las banderas laborales del oficialismo.
Y es que con el nuevo salario mínimo de 65.021 bolívares mensuales, el trabajador tendrá en su cuenta de prestaciones sociales apenas 167.000 bolívares en enero de 2018 como consecuencia del depósito mensual de 5 días de salario, más otras incidencias salariales. “Ese es el ahorro del trabajador para cuando se retire, dinero que la inflación actual diluye”, dijo Carbone.
Edgar Silva, coordinador del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, indicó que “el gobierno se burla de los pensionados del Seguro Social con el bono de guerra económica, pues 19.506 bolívares mensuales cuesta una caja de pastillas para la hipertensión”.
El dirigente social sostuvo que Maduro insiste en discriminar a 3,5 millones de pensionados, pues el bono que se les asigna está 115.494 bolívares por debajo de 135.000 bolívares al mes del ticket alimentación de los trabajadores activos.
Silva recordó que el bono de guerra económica es el instrumento de la Leydel Bono de Alimentación y Medicinas aprobada hace un año por la Asamblea Nacional y que el gobierno intentó, sin éxito, declarar anticonstitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia.
EL presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, señalaron que el trasfondo de la medida gubernamental de pagar el bono alimentación en efectivo es que los trabajadores tengan dinero para pagar las bolsas y cajas de comida que venden los Comités de Abastecimiento y Producción, Clap.
“La mayoría de esa cadena de distribución no cuenta con puntos electrónicos de venta, por lo que las transacciones se realizan en efectivo”, explicó Maldonado. Agregó que el salario es menor que ticket alimentación, lo cual genera al trabajador limitaciones en la disponibilidad de dinero en efectivo para pagar las bolsas de comida.
Martínez indicó que todavía hay que ver los mecanismos establecidos en el decreto para el pago en efectivo del bono alimentación, pero mostró preocupación por los puestos de trabajo de las empresas que prestan el servicio de los tickets.
Destacó que los aumentos salarial y del ticket elevarán los costos de las empresas, que obligará a reducirlas de tamaño o a cerrarlas.
