A lo largo de 2018 prevén crearse Casas de Justicia Penal en los 79 municipios priorizadosdentro de los planes de seguridad ciudadana del país, pues en esas zonas se concentra el 77% de la incidencia delictiva de la nación, informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.
En reunión con representantes de instituciones vinculadas con la acción penal, efectuada este jueves, el ministro explicó que actualmente se desarrolla un proyecto piloto con cinco casa activadas, que suman 9.546 personas atendidas, 2.006 procesos de mediación y 1.203 actos conclusivos.
“Con la creación de estas Casas de Justicia Penal, se consolidará el sistema judicial, se evitará la impunidad y el hacinamiento en los recintos penitenciarios”, expresó Reverol, quien recalcó que estas dependencias se inscriben en el proceso de municipalización de la justicia en Venezuela.
A esta tarea se suma la labor de 292 salas de detención preventivas, donde hay más de 32 mil privados de libertad, que reciben atención integral.
En ese sentido, indicó que dichos centros serán objeto de un plan destinado a combatir el exceso de detenidos y que contempla, además, hacer procedimientos judiciales a través de las Casas de Justicia, donde se atenderán los delitos cuyas penas no excedan los ocho años.
Este jueves también se firmó un protocolo interinstitucional de procedimientos en materia de traslado de personas condenadas y extradiciones, primer documento existente en el país que unifica criterios entre instituciones involucradas en estas tareas.
Evaluación de plan antisecuestro
El avance del Plan Nacional Antisecuestro, que coordina esfuerzos entre instituciones contra este delito, también fue evaluado en el encuentro, que contó con la participación de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Tarek William Saab, fiscal general de la República; Susana Barreiros, defensora Pública General; Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, e Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios.
Reverol refirió que estas autoridades “van a permitir engranar todos los esfuerzos para apoyar todas las medidas y políticas que sean necesarias para combatir este delito grave”, mediante mecanismos como el Centro Estratégico de Inteligencia Antisecuestro, una unidad de negociación y manejo de crisis, la asesoría jurídica, la atención a las víctimas y sus familiares, así como también un centro de detención preventiva para los secuestradores.
El ministro también indicó que la próxima semana se reunirá con los encargados de los 54 Depositarias Judiciales que operan en el país, para hacer un nuevo registro y certificación, con el propósito de articular y construir una red confiable en la custodia de bienes involucrados en procesos penales.
