Las restricciones para la adquisición de divisas, los controles de precio y el aumento de las fiscalizaciones por organismos del Estado, sumado a la escasez de mercancía y de dinero en efectivo, impactaron fuertemente el sector comercio en el último trimestre del año pasado, afirmó Alfonso Riera, primer vicepresidente de Consecomercio.
Indicó que siguió en ascenso el número de comercios que debieron reducir los puestos de trabajo, así como el de negocios que han tenido que bajar definitivamente la santamaría. “Se calcula que en los últimos 15 años medio millón de empresas cerraron. Pasamos de tener 800.000 a 230.000 empresas. Además, se han perdido un millón de puestos en el sector privado, de los cuales 700.000 eran del comercio”, aseguró.
Los cierres ocurren tan seguidos que cada vez es más difícil tener las cifras exactas de cuantos comercios van cerrando. “Están ocurriendo a diario. No sabemos si un negocio que fiscalice mañana en Caracas o Barquisimeto, siga trabajando después”, añadió.
Yorman Hernández, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Caroní, estado Bolívar, dijo que no todas las empresas que resultaron afectadas por los saqueos de diciembre han sido beneficiadas con los créditos blandos que otorga la banca pública. “Hay empresas del sector licorero y del ferretero que no están siendo beneficiados. Se los dan a las empresas de alimentación. Sabemos que se han asignado más de 200 créditos. Pero hay que revisar si por la inflación, el monto que se está entregando alcanza para reparar daños”, indicó.
A la población de la entidad le ha tocado comprar alimentos importados desde Brasil y otros países y que se comercializan varias veces por encima del precio de los productos nacionales. “Un paquete de arroz se vende en 5.000 bolívares, uno de harina de maíz en 4.000 bolívares. Sin embargo, los productos locales siguen con control de precio. Se beneficia a otros países y se afecta la capacidad adquisitiva de los venezolanos”.
Sin beneficios. Daniel Montealegre, representante de la Cámara de Comercio e Industria de Ureña, Táchira, criticó la instalación y el funcionamiento de las casas de cambio en la frontera. Considera que la manera en la que están trabajando no va a permitir que se cumpla el objetivo de regularizar el precio de las divisas.
Insistió en que se deben terminar los controles y que las casas de cambio tendrían que estar en todo el país, disponibles para personas naturales y jurídicas.
Además, recordó que la frontera sigue cerrada y pidió a las autoridades que restablezcan el libre tránsito de personas y de carga. “De esta manera se puede reimpulsar el comercio en la zona y hacia el interior del país”.
