Actualmente, Venezuela tiene un total de 21 demandas sin resolver ante al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias (Ciadi) las cuales están referidas al uso de activos, instalaciones y marcas de empresas tomadas o expropiadas por el gobierno nacional.
La información fue suministrada por Ana María Carrasquero, investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad quien explicó que hasta el año 2000 solo había una querella contra la República introducida por Fedax NV en 1996 ante el organismo adscrito al Banco Mundial mientras que, actualmente totalizan 46 entre resueltas y pendientes, especificó.
El Ciadi fue fundado en 1966 y, del total de disputas contra Venezuela, 45 han sido adelantadas luego del año 2000. Destacó Carrasquero que las empresas acuden al Ciadi “porque el estado de derecho en el país está muy vulnerado, no hay sentencia firme de qué ocurrirá con los activos y en cuanto no exista una decisión al respecto siguen perteneciendo a sus propietarios originales”.
Relató que en el caso de Klorox hubo intención de vender las instalaciones pero no se concretó por el tema jurídico, según puntualizó. La representante de Cedice Libertad al ser consultada con respecto a los distintos fallos contra Venezuela explicó que el Ciadi maneja con cierto hermetismo los acuerdos alcanzados por las partes involucradas.
No obstante, precisó que se usan tres vías para resolver los conflictos que son la conciliación, el arbitraje o la comprobación de hecho. Recordó que algunas empresas como las transnacionales petroleras han acudido a la Cámara Internacional de Comercio para dirimir los conflictos.
Ninguna demanda ganada
Por su parte, Andrea Rondón, directora del Comité de Derecho de Propiedad de Cedice Libertad informó que hasta ahora ninguna de las diferencias legales planteadas ante el Ciadi ha sido resuelta en favor del Estado venezolano.
Al referirse a los casos de Klorox, Kellogg´s y Kimberly Clark precisó que tienen como elemento común que se ha adelantado una ocupación o intervención fundamentada en la Ley Orgánica del Trabajo “cuando se usan las estructuras con fundamento en leyes inconstitucionales se hace un empleo indebido y esa es la razón por la cual las empresas acuden a instancias internacionales porque han sido exfoliados o despojados de sus derechos a la propiedad arbitrariamente”.
Rondón precisó que las sanciones por el uso de activos tangibles e intangibles son patrimoniales “por la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos, cláusulas comerciales e incluso lucro cesante, es decir, lo que dejó de producir o generar la compañía”, amplió. Coincidió con Carrasquero en que el titular de los activos tangibles e intangibles, incluida la marca, se mantiene hasta tanto no haya una sentencia contraria.
Entre los casos pendientes ante el Ciadi según la data del Cedice Libertad, figuran demandas contra la República adelantadas por Holcim Limited, Holderfin B.V. and Caricement B.V, Anglo American PLC, Universal Compression International Holdings S.L.U, Kimberly-Clark Dutch Holdings, Fábrica de Vidrios Los Andes, C.A. and Owens-Illinois de Venezuela C.A, Tenaris S.A and Talta – Trading e Marketing Sociedade Unipessoal Lda y Air Canada, entre otras.
