La falta de transparencia y la inseguridad jurídica con las empresas privadas, que se evidencia con 20 demandas pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, coloca a Venezuela como un país poco fiable para hacer inversiones, aseguró Fanny Migliore, investigadora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad.
Señaló que el gobierno puede dar algunas señales de su interés por atraer inversiones, invitando al sector privado, para arreglar la economía. Sin embargo, la falta de confianza en Venezuela siempre prevalece en los inversionistas porque el Ejecutivo cambia las reglas permanentemente, a lo que suman los excesivos controles, las expropiaciones y las estatizaciones.
La deuda que el gobierno debe pagar por procesos arbitrales, correspondiente a nacionalizaciones, asciende a 10,6 millardos de dólares, según Econalítica. Entre las empresas demandantes, de acuerdo con el reporte de Cedice, están Kimberly Clark Ducht Holdings, introducida el 17 de abril pasado; Venoklim Holding BV (25 de septiembre de 2017), Air Canada (13 de enero de 2017) y Saint Patrick Properties Corporation (19 de diciembre de 2016).
En la lista de la institución de arbitraje internacional también figuran los demandantes Agroinsumos Iberoamericanos SL (julio 25 de 2016), Anglo American PLC (10 de abril de 2014), Oil European Group y Longreef Investment (26 de septiembre de 2011) y Highbury Internacional AVV and Ramstein Trading Inc (5 de enero de 2011).
El 6 de junio de 2013 fueron introducidas nuevas demandas: Temaris SA y Talta Trading Marketing Sociedade Unipessoal LTD y Valores Mundiales, SL Consorcio Andino SL. Otros 2 casos se presentaron en agosto de 2012: Fábrica de Vidrios Los Andes C.A and Owens Illinois de Venezuela y Blue Bank International and Trust LTD, Barbados, (el 10 y el 7 de ese mes, respectivamente).
Históricamente, Venezuela no había sido objeto de reclamos ante el Ciadi porque respetaba las reglas del juego y había seguridad jurídica, pero en los gobiernos de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro (desde 2006 hasta 2018) la institución recibió 45 demandas, de las cuales 25 ya se resolvieron.
Entre ellas está el reciente caso de Conoco Phillips por 2 millardos de dólares, que la petrolera estadounidense está cobrando a través de confiscaciones de cargamentos de crudo de Pdvsa en el Caribe.
Migliore destacó que en los estudios referidos a la propiedad privada, Venezuela sale muy mal parada en la evaluación internacional sobre las políticas monetarias, existencia de una moneda sana, libertad de comercio internacional, regulaciones crediticias, laborales y actividad empresarial.
De hecho, en 2017 la peor evaluación la obtuvieron Argentina, Argelia, República del Congo, República Centroafricana y Venezuela, que por tercer año consecutivo se colocó en el último puesto entre los 159 países examinados.
“Mientras tengamos un Estado que pretenda controlar todo, limite las libertades económicas e irrespete el Estado de Derecho, no habrá confianza para invertir, no habrá condiciones para frenar el cierre o la migración de empresas ni se podrá parar la diáspora de los ciudadanos a otras latitudes en la búsqueda de mejores condiciones de vida”, sostuvo la investigadora del Cedice.
La Cifra
45 demandas por incumplimiento de indemnizaciones correspondientes a las expropiaciones fueron introducidas en el Ciadi durante los gobiernos de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro
